“Les dije que mis condiciones necesitaban mejorar y establecí mis derechos. Para poder ofrecer un buen servicio a mis clientes también tengo que estar sana y recibir una compensación justa”.
Mi nombre es María Elena Ceja y mi esposo y yo vivimos en Gilroy. Tenemos cuatro hijos, 8 nietos, y uno en camino. Trabajo como asistente de persona desde hace más de 15 años.
Trabajé con una familia donde me quedé por 8 años. De repente, surgió Covid-19 y había mucha incertidumbre. El señor se fue a vivir con uno de los hijos. Estaba muy preocupada pero alguien me contó sobre un trabajo en el condado de Marin. Eran 2 días por semana. Me tomaba a veces dos horas para llegar y regresar al trabajo pues manejaba desde Gilroy.
Desafortunadamente, tanto mi cliente como yo contrajimos COVID de otro cuidador allí. La familia me pidió que me quedara porque ambos éramos positivas y no querían enfermarnos. Durante diez días me tuvieron en la habitación de mi clienta junto con ella. Hice lo mejor que pude por ella. Tuve que sostenerla cuando apenas podía sostenerme yo. Tuve que llevarla al baño y sostenerla mientras se duchaba. Yo estaba extremadamente débil. Dada la distancia y el bajo salario, dejé de trabajar allí.
Durante ese tiempo, me involucré con la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y aprendí sobre mis derechos en torno a las protecciones de salud y seguridad y que es necesario que estemos protegidos en nuestros trabajos al igual que cualquier otro trabajador
Después de 6 meses la familia me pidió que volviera. Les dije que mis condiciones tenían que mejorar y establecí mis derechos. Les dije que si estoy enferma, necesitaría tiempo de enfermedad pagado, que tengo que cuidarme para poder cuidar de su mamá. Y yo quería un pago justo. Para poder brindar un buen servicio a mis clientes, también tengo que estar sana y ser recompensada justamente. Estuvieron de acuerdo, y me sentí más segura.
